LA FAMILIA Y EL ESTADO

De las instituciones, que de alguna manera intervienen en el proceso educativo y que se pueden señalar como una responsabilidad compartida se encuentra la familia y el Estado. La primera, cumpliendo su función de entregar ciudadanos útiles a la sociedad y la segunda, de procurar el bienestar de todos los habitantes de la nación.

En la cultura griega se le daba un gran valor a la educación en la familia, de tal manera que el proceso educativo daba inicio desde la gestación. Se procuraba, especialmente en la mujer, que llevara un régimen adecuado desde antes y hasta después de la embarazo, esto evidenciaba la importancia de la familia como fuente de guía y formación. Lo anterior nos lleva a recordar aquel dicho que dice: “la educación no se unta, se amamanta”.

Por otro lado, la función del Estado es de gran responsabilidad, pues de él depende, en buena medida, que haya buenos ciudadanos; de ahí la cultura educativa del pueblo espartano “los hijos no son de los padres, sino de la patria” (Ruiz, 1964, pág. 33). Como podemos observar, esta dualidad de responsabilidad educativa, Estado – familia, ha formado parte de la vida del hombre a lo largo de miles de años de existencia.

"La familia es el núcleo de la sociedad"
Desde las primeras teorías sobre la actividad política se ha puesto de manifiesto el papel socio-político de la familia, al constatar el mutuo vínculo entre la vida doméstica y la vida de la sociedad: en efecto, una comunidad tiende a institucionalizar aquellas realidades que considera verdaderamente importantes. Por eso, del modo de «gobernar» la familia se puede deducir el valor que le confiere la sociedad. En realidad la legislación y las instituciones sociales (organismos políticos, estructuras económicas, sindicatos, sociedades artísticas, asociaciones deportivas y de recreación) tienen un gran influjo para el desarrollo de la familia. Tales instituciones constituyen una piedra de toque para reconocer las profundas intenciones del Estado y su efectiva aceptación y aplicación (no sólo formal, sino real) de los derechos humanos: una sociedad que no fomente en modo práctico los derechos de las familias, difícilmente garantizará los derechos humanos de las personas. Por ende un deber importantísimo de los gobernantes es, en sentido negativo, evitar todo aquello que degrade la genuina identidad de la familia y, en sentido positivo, fomentar todo lo que pueda garantizarla y favorecerla. Esto supone legislar y establecer instituciones que salvaguarden los valores familiares: respeto a la vida naciente, libertad efectiva (no sólo teórica) en la educación de los hijos, promoción de la intimidad y la convivencia familiar (número de hijos, cultura que no sea hedonista ni consumista, ayuda a los necesitados) y, más en general, la erección de instrumentos que favorezcan estos valores.