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Al decir “Esto es justo”, o “Esto no lo es”, como hacemos, por ejemplo, cuando sostenemos que la propiedad privada es una institución justa, o que lo es su contraria, la propiedad de tipo colectivo, lo que haríamos realmente equivaldría a dar un golpe sobre la mesa, destinado a zanjar de ese modo una discusión que no puede ser resuelta por medios racionales. Lo que las personas tenemos por justo o injusto, como también lo vio Kelsen, contemporáneo de Ross, no representa otra cosa que nuestras creencias subjetivas, acaso sólo nuestras preferencias e, incluso, únicamente nuestros intereses, seamos o no conscientes de ello, y, en caso de serlo, lo admitamos o no en nuestros diálogos y discusiones con los demás.
No es de extrañar, en consecuencia, que ambos autores hayan escrito sendas obras acerca de la democracia como forma de gobierno, en las que no sólo la describen o tipifican como tal, sino en las que dan razones para preferirla a otras formas de gobierno. Mucho más explícito que Ross en este sentido, Kelsen sostiene que al no poder decidir racionalmente sobre ideales de justicia en pugna –por ejemplo, los que se expresan en dos o más programas de gobierno que quieren conseguir respaldo ciudadano-, la democracia permite que todos los ideales o programas puedan concurrir y debatir entre sí de cara a los ciudadanos, de manera que al final sea la mayoría quien decida cuál de ellos podrá ser legítimamente implementado desde el gobierno.
Aun así, es decir, aun cuando “justicia” pueda no ser más que la palabra con la que significamos nuestras creencias, preferencias e incluso intereses, algo, no se cuánto, pero algo podemos hablar acerca de la justicia, incluso normativamente. Por ejemplo, yo me atrevería a hablar de justicia, normativamente, a propósito del desafío que consiste en balancear libertad e igualdad, sin que ninguno de esos valores tenga que ser sacrificado en nombre del otro. Con igualdad, por cierto, no me refiero en este caso a la igualdad jurídica ni política de las personas, sino a la igualdad en las condiciones materiales de vida de la gente. Mejor aun, me refiero a una cierta igualdad en dichas condiciones de vida, la mínima que se requiere desde el punto de vista de la dignidad humana y la mínima que se necesita también para que la libertad tenga sentido. Y lo digo de esta manera, puesto que la titularidad y ejercicio de las libertades –de la libertad de pensar, de expresarse, de reunirse, de asociarse, de emprender- carecen de mayor sentido para personas que viven en condiciones de pobreza extrema o de indigencia. En otras palabras, ¿qué sentido pueden tener tales libertades para quien no come tres veces al día? Nuestras sociedades capitalistas se parecen bastante a un trasatlántico donde unos pocos viajan cómodamente instalados en camarotes de lujo, mientras la mayoría tiende sus mantas como puede sobre la cubierta o en bodegas, sin olvidar a los que nadan alrededor de la nave y tratan de subir a ésta. Pues bien: ¿qué sentido pueden tener las libertades para quienes nadan y tratan desesperadamente de subir a la embarcación? En consecuencia, son necesarias sociedades más igualitarias desde el punto de vista de las condiciones de vida no sólo en nombre de la igualdad, sino en nombre también de la propia libertad.
No es de extrañar, en consecuencia, que ambos autores hayan escrito sendas obras acerca de la democracia como forma de gobierno, en las que no sólo la describen o tipifican como tal, sino en las que dan razones para preferirla a otras formas de gobierno. Mucho más explícito que Ross en este sentido, Kelsen sostiene que al no poder decidir racionalmente sobre ideales de justicia en pugna –por ejemplo, los que se expresan en dos o más programas de gobierno que quieren conseguir respaldo ciudadano-, la democracia permite que todos los ideales o programas puedan concurrir y debatir entre sí de cara a los ciudadanos, de manera que al final sea la mayoría quien decida cuál de ellos podrá ser legítimamente implementado desde el gobierno.
Aun así, es decir, aun cuando “justicia” pueda no ser más que la palabra con la que significamos nuestras creencias, preferencias e incluso intereses, algo, no se cuánto, pero algo podemos hablar acerca de la justicia, incluso normativamente. Por ejemplo, yo me atrevería a hablar de justicia, normativamente, a propósito del desafío que consiste en balancear libertad e igualdad, sin que ninguno de esos valores tenga que ser sacrificado en nombre del otro. Con igualdad, por cierto, no me refiero en este caso a la igualdad jurídica ni política de las personas, sino a la igualdad en las condiciones materiales de vida de la gente. Mejor aun, me refiero a una cierta igualdad en dichas condiciones de vida, la mínima que se requiere desde el punto de vista de la dignidad humana y la mínima que se necesita también para que la libertad tenga sentido. Y lo digo de esta manera, puesto que la titularidad y ejercicio de las libertades –de la libertad de pensar, de expresarse, de reunirse, de asociarse, de emprender- carecen de mayor sentido para personas que viven en condiciones de pobreza extrema o de indigencia. En otras palabras, ¿qué sentido pueden tener tales libertades para quien no come tres veces al día? Nuestras sociedades capitalistas se parecen bastante a un trasatlántico donde unos pocos viajan cómodamente instalados en camarotes de lujo, mientras la mayoría tiende sus mantas como puede sobre la cubierta o en bodegas, sin olvidar a los que nadan alrededor de la nave y tratan de subir a ésta. Pues bien: ¿qué sentido pueden tener las libertades para quienes nadan y tratan desesperadamente de subir a la embarcación? En consecuencia, son necesarias sociedades más igualitarias desde el punto de vista de las condiciones de vida no sólo en nombre de la igualdad, sino en nombre también de la propia libertad.